Se sacó las vendas de las manos, guardó los guantes en el cajón y apagó las luces del ring. Tras los comicios de medio término que definieron la renovación parcial del Congreso, el gobernador Osvaldo Jaldo recuperó el discurso dialoguista con la gestión de Javier Milei, una actitud que evidentemente jamás abandonó en el trato directo, más allá de lo mostrado a través de los medios y en los actos partidarios. Y desde la antesala de 2026 hubo señales de que ese vínculo con la administración libertaria se sostendrá en el futuro inmediato. ¿Qué frutos espera recoger en los próximos meses la Casa de Gobierno producto de esa relación?
Atrás quedaron los cruces propios de la última campaña electoral, con la amenaza de “cortarle la melena al león” cuando pisara estas tierras, además de las recurrentes críticas por el impacto social de las políticas liberales.
Tras haber reafirmado el liderazgo del peronismo tucumano y con un número de estratégico de legisladores en ambas cámaras -retuvo en las urnas los tres votos del bloque Independencia en Diputados, pero sumó desde la política el apoyo de dos de los tres miembros del Senado-, el tranqueño cerró un balance de Año Nuevo con saldo positivo en términos de posicionamiento.
Jaldo afrontará lo que se viene desde ese lugar. La premisa, repite entre su equipo, será sostener lo conseguido. Y uno de los factores cruciales para ello estará en el financiamiento.
Lo anunciado
En los dos primeros años de mandato, el titular del Poder Ejecutivo justificó el acompañamiento en general a las medidas impulsadas por Milei en los réditos obtenidos para la provincia, cuya manifestación visible son las inversiones en infraestructura.
El listado incluye la renovación integral del aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, con un presupuesto estimado en más de 50 millones de dólares; el acueducto de Vipos, en proceso de adjudicación y con un costo superior a los 100 millones de dólares; y la "doble terna" de alta tensión entre El Bracho y Villa Quinteros, que rondaría los 65 millones de dólares. Aunque el Gobierno provincial siempre estuvo en la foto de esos anuncios por las gestiones realizadas, son todos proyectos que corresponden a la órbita de la Nación. Por ello, no costarán un peso a las arcas tucumanas.
También es hijo del diálogo el barrio Procrear II, presentado como el emprendimiento habitacional más grande del país, que había quedado suspendido por la falta de fondos (a la postre, Milei eliminó este programa). Se concretó la transferencia del predio de 100 hectáreas y la Provincia pasó a ejecutar la primera etapa de viviendas, de unas 500 unidades (sobre un total de 3.000). Bajo estos parámetros también fueron provincializados el nuevo edificio del Registro Civil; la repavimentación de la ruta 307, en los valles; y la cárcel de Benjamín Paz.
¿Puede haber anuncios en cuanto a infraestructura en 2026? En la Casa de Gobierno afirman que la prioridad está puesta en asegurar que esas inversiones avancen en tiempo y forma, con los plazos previstos. Para ello, se necesitan flujos de dinero constante, que permitan hacer frente no sólo a los certificados de avance de obra que llegan a la Tesorería, sino también a las obligaciones salariales -en el cierre del año, entre sueldos, aguinaldo y bono, se desembolsaron unos $500.000 millones- y los servicios a cargo del Estado.
Esa necesidad de financiamiento llevó a Jaldo a adoptar ciertas medidas sobre el final de diciembre, como el DNU 11/3, que cierra el grifo para las nuevas designaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo. El instrumento invita además “a la Legislatura, al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas, a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Pupilar y de la Defensa y las Municipalidades de la Provincia” a adherirse a la medida. ¿Cuál será el alcance de esta versión tranqueña de la “motosierra”? Si bien el decreto prevé ciertas excepciones, relacionadas a prestaciones esenciales y a “razones debidamente fundadas”, la meta en el Poder Ejecutivo es ponerle un freno al gasto salarial en los organismos estatales. Pero estos recortes no serán suficientes. En especial, si persiste la caída en los ingresos por recursos por coparticipación federal.
Lo esperado
Tucumán lidera el ranking de distritos más beneficiados por los aportes del tesoro nacional (ATN) en la gestión de Milei, con $41.500 millones. De ese acumulado, $20.000 millones -el máximo monto individual desde diciembre de 2023- ingresaron en diciembre pasado. Gracias a este envío, la provincia desplazó de la cima a Misiones (obtuvo $32.000 millones en lo que va de la administración liberal), y dejó en tercer lugar a Entre Ríos ($25.800 millones).
Sobraron las especulaciones a nivel nacional, producto de que el ATN récord llegó en coincidencia con el tratamiento legislativo de proyectos de suma importancia para la Casa Rosada, como el Presupuesto 2026. Pero Jaldo niega que exista un toma y daca con la Nación, más allá de las negociaciones propias de la política. E insiste con que Tucumán consiguió “lo que le corresponde” de esa enorme partida presupuestaria, que se nutre de un fondo generado por el 1% de la masa coparticipable de impuestos nacionales (como el IVA).
Al margen de las posturas sobre los giros para los distritos dialoguistas, los ATN constituyen una herramienta de aplicación discrecional. No existe una disposición que indique parámetros objetivos para la distribución de esos fondos entre las provincias. Y en un momento de urgencia para el gobierno liberal, el tranqueño aprovechó para obtener una importante porción de esa torta.
¿Se pueden obtener más recursos a partir del diálogo con la Nación? Esa es la expectativa central que tienen en el palacio de 25 de Mayo y San Martín para la primera parte de 2026. Ya existen de hecho negociaciones en curso.
La primera gira en torno al “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, un sistema lanzado por Milei en 2024 con el objetivo de extinguir “total o parcialmente” las obligaciones registradas entre las jurisdicciones “para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”.
En septiembre pasado -un mes y medio antes de los comicios-, el ministro de Economía de la Provincia Daniel Abad suscribió un convenio con su homólogo de la Nación, Luis Caputo, que reconoció un saldo favorable a Tucumán por unos $2.800 millones. Ese fue un primer paso. La meta de la Casa de Gobierno es multiplicar exponencialmente esa cifra.
Tres ítems reclamados por la Provincia rondan los $100.000 millones. El primero es la deuda generada por la atención de afiliados del PAMI en centros asistenciales públicos, un monto que se estima en unos $60.000 millones y que acumula a diario más facturas por las prestaciones a jubilados y pensionados que no encuentran lugar en clínicas privadas. El segundo monto, de unos $25.000 millones, se origina por las partidas que cubre la Provincia por trabajadores estatales que acceden al sector pasivo, y que reclaman -por vía administrativa o judicial- diferencias no reconocidas por la Anses. El tercer saldo refiere a las obras públicas proyectadas por la Nación -como la cárcel de Benjamín Paz- que fueron solventadas por el erario provincial a fin de evitar la suspensión de los trabajos, con el compromiso de un reintegro por parte de la Casa Rosada.
No hubo respuesta formal hasta el momento del Gobierno nacional, aunque en la última audiencia entre Jaldo y el ministro del Interior, Diego Santilli, hubo buena predisposición para estudiar las planillas elaboradas por el equipo técnico que encabeza Abad.
Los anteriores portavoces de Milei con los gobernadores, Guillermo Francos y Lisandro Catalán, habían dejado una buena imagen en la gestión del tranqueño. Pero en la Casa de Gobierno interpretan que el nuevo titular de esa cartera aprendió de las experiencias pasadas, y sólo muestra las cartas cuando tiene la certeza de que las podrá jugar.
Hay expectativas en que las charlas por el reclamo de deuda alcanzarán un resultado que beneficie a las partes. Es que las arcas provinciales también están sintiendo el freno en el consumo. Por ello, una estrategia financiera que plantean en el Gobierno provincial apunta a compensar la reducción de los ingresos coparticipables con los compromisos que tiene la Nación. Por ejemplo, si en enero la “copa” cae $7.000 millones, que se cubra ese monto con una cuota de los $60.000 millones que se reclama por el PAMI. Con este esquema, la Provincia obtendrá oxígeno económico, y el Gobierno nacional podrá ordenar sus cuentas con este distrito.
Mientras se definen estas charlas, llegaron a buen puerto las tratativas vinculadas al refinanciamiento de una deuda de casi $80.000 millones con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, una asistencia que había llegado a través del Banco Nación. En el equipo del tranqueño reiteran que este compromiso fue “heredado”, pero se logró al inicio de la gestión un plan de pago con un año de gracia. Ese beneficio caducó, pero en enero Tucumán volverá a afrontar sólo intereses -no capital-, una novedad que en la Casa de Gobierno destacan por el impacto que representará durante el próximo año.
Lo debatido
La estrategia del apoyo legislativo del jaldismo a las iniciativas de Milei constituye un factor clave para la obtención de réditos financieros. Y eso se sostendrá en 2026, salvo en puntos donde el Gobierno no esté dispuesto a acompañar, como sucedió con los apartados del Presupuesto relacionados al financiamiento educativo y a discapacidad.
Por lo pronto, quedó en el freezer la idea de conformar un interbloque en las cámaras del Congreso con los legisladores alineados a los gobernadores dialoguistas del Norte. Hasta ahora las negociaciones “provincia por provincia” dieron resultado, entienden en estas tierras. Una prueba de ello es que la diputada Elia Fernández de Mansilla y la senadora Beatriz Ávila, ambas del bloque Independencia, fueron incorporadas a las respectivas comisiones de Hacienda. Son ámbitos estratégicos para la discusión de los proyectos que tiene en agenda la Nación, y pese a que el jaldismo no forma parte de las bancadas mayoritarias, se tuvo en cuenta a dos de sus miembros para que participen de esos debates.
La próxima discusión fuerte se dará por la reforma laboral. Se espera que tenga lugar en febrero. En la Casa de Gobierno consideran que será un debate similar al que se dio con la Ley Bases, que La Libertad Avanza tuvo que depurar sensiblemente respecto a la versión original, aunque con final a su favor. De todos modos, aclaran que será una tarea ardua, y que requerirá de acuerdos con todos los sectores, incluyendo a los gremios.
En este escenario, no se espera un 2026 con grandes anuncios en la provincia en materia de obras públicas. Quienes están cerca del poder lo anticipan como un año “de diálogo”, similar a 2024, pero con una búsqueda constante de un flujo de financiamiento que asegure la gobernabilidad en la previa a las elecciones de 2027.